Diecinueve organizaciones registraron el martes 25 de junio de 2019 en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue cambiar el sistema de fijación de precios de los medicamentos con el fin de que estos tengan «un precio justo», así como lograr más transparencia en este proceso.
Se trata de una iniciativa que supone «el primer paso» para lograr «cambiar las reglas del juego» ya que, según han explicado sus promotores en una rueda de prensa, las farmacéuticas carecen «de ética» a la hora de establecer los precios de los medicamentos que sufren subidas «indiscriminadas».
En este sentido, las organizaciones plantean en la ILP una serie de modificaciones en el real decreto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios con el fin de que las administraciones tengan más capacidad para deliberar y fijar los precios justos de los fármacos con «la máxima transparencia posible».
Uno de los portavoces de la comisión promotora, el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Damián Caballero, ha abundado en que los costes de fabricación e investigación de los medicamentos estén «bien acreditados». «No sabemos cuándo hay reuniones de las farmacéuticas con el Ministerio, no tenemos nociones de cómo se desarrollan esas negociaciones, qué se plantean, qué elementos ponen encima de la mesa la industria y cuáles son los puntos que contraponen los responsable del Gobierno», ha explicado Caballero.
Según ha explicado otro de los miembros de esa comisión, Fernando Lamata, de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha puesto de ejemplo el caso de los fármacos innovadores para tratar la hepatitis C. Así, ha asegurado que la inversión del laboratorio en investigación y fabricación rondó los 900 millones de euros, según reconoció al Senado estadounidense, que distribuidos por el número de pacientes por el mundo durante 20 años –los que dura la patente–saldría a un coste unitario de 300 euros.
«En España hemos pagado una media de 20.000 euros por tratamiento, hemos gastado 2.000 millones para tratar a 100.000 pacientes», ha resaltado Lamata, quien ha dicho que la situación «no tiene sentido».
Por su parte, Vanessa López, de Salud Por Derecho, ha explicado que la ILP establece «muy claramente» cuál es el paradigma de la fijación que las organizaciones consideran más adecuado para conseguir precios más justos, así como de reconocer las inversiones de los diferentes actores y que éstos tengan incentivos suficientes para que sigan teniendo interés en ello. «Pero hacerlo a un beneficio razonable para las compañías y a un precio asequible para el Sistema Nacional de Salud», ha apostillado López.
La ILP también contempla el impulso de la investigación pública de fármacos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para evitar los «conflictos de intereses» y mejorar el acceso a las innovaciones con la garantía de una prescripción adecuada. También para reducir los efectos negativos de la medicación innecesaria.
En este punto, la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Laura Martínez, ha mostrado su preocupación por la formación continuada de los profesionales ya que es «muy dependiente» de los congresos y publicaciones que realiza la propia industria farmacéutica. «Esto puede generar sesgos en la prescripción con sobreutilización de ciertos fármacos y pueden aparecer los denominados conflictos de intereses», ha dicho Martínez, quien ha señalado que el fondo público acabaría con estos problemas.
Una vez registrada la ILP, será la Mesa del Congreso la que decida si la admite a trámite y si lo hace las organizaciones tienen un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso.
